Ante un Juez de Control de Garantías, el Fiscal 35 de delitos contra la administración pública le imputó cargos al exsecretario de Infraestructura de Bucaramanga, Clemente León Olaya, por la presunta celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.

El ente investigador acusó formalmente ante la justicia a León Olaya, por su presunta autoría en la celebración de dos contratos para remodelación de predios en los cuales posteriormente se construirían las megaobras de infraestructura que pretendía ejecutar el gobierno de Luis Francisco Bohórquez.

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Posible fraccionamiento

Según las indagaciones de la Fiscalía, la Secretaría de Infraestructura municipal, encabezada por Clemente León, celebró en 2014 el contrato 161 con la Unión Temporal Construedgo, representada legalmente por Édgar Leonardo Gómez, para la “remodelación y demolición de predios afectados con ejecución de proyectos de infraestructura del municipio”, por el cual la Alcaldía pagó $2.483 millones.

Seis meses después, la misma Secretaría realizó una adición de $1.237 millones a dicho contrato, es decir, un adicional del 49,9% del valor inicial, tan solo 0,1% por debajo de lo permitido por la ley.

Sin embargo, en 2015 la oficina dirigida por Clemente León volvió a suscribir un nuevo contrato con el mismo objeto contractual, solo que esta vez con el Consorcio Demoliciones, el cual también era representado por Édgar Leonardo Gómez, bajo la modalidad de selección abreviada. Este contrato tuvo un valor de $639 millones.

Esta serie de situaciones representaron para la Fiscalía un claro ejemplo de fraccionamiento de contratos.

“Si llegamos a sumar el valor del segundo contrato, más el valor de la adición del primer contrato realmente se suma un total de $1.878 millones, lo cual haciendo comparación con el contrato primogénito, es decir el contrato 161 de 2014, eso sí equivale al 75% adicional al valor original de la obra, lo cual evidentemente transgrede la ley a través de un fraccionamiento de contratos”, argumentó el Fiscal.

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Sin control

Del mismo modo, el Fiscal 35 cuestionó la falta de control en la ejecución de obras en el segundo contrato suscrito por la Secretaría de Infraestructura para intervenir los predios donde se ejecutarían las megaobras del gobierno municipal.

“Del segundo contrato no se conocen actas ni parciales, ni finales de las obras, existe un informe de obra realizado por el contratista donde no se específica sobre las obras realizadas, ni se identificó cuáles eran las obras que se intervinieron”, advirtió el Fiscal.

Las penas

El ente acusador le imputó los cargos de celebración de contratos sin el cumplimiento de contratos en calidad de dolo en contra del exsecretario Clemente León como autor del acto punible, y contra el contratista Édgar Leonardo Gómez como coautor interviniente.

Ante esta imputación, León Olaya estaría expuesto a una condena máxima de 18 años de prisión, y una multa superior a los $220 millones.

No aceptaron cargos

Tanto Clemente León como Édgar Leonardo Gómez no aceptaron los cargos que les imputó la Fiscalía General.

Según el exsecretario de Infraestructura, fue necesario suscribir dos contratos para la demolición de los predios donde se iban a construir las megaobras, porque el proceso se ejecutó en dos vigencias distintas, descartando la posibildiad de existencia de un posible fraccionamiento de contrato.

“El proceso de negociación para la adquisición de los predios cobijó dos vigencias, es por ello, que se sacaron unos procesos de contratación en el 2014 y otros en el 2015, correspondiente a la adquisición y enajenación de los predios que luego se demolieron, por lo tanto no hubo fraccionamiento”, indicó León Olaya.

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