La afirmación está en dos cartas enviadas por la Fiscalía al Consejo Nacional Electoral, entidad encargada de esas investigaciones, a tres días de que venza el término legal para que haya decisiones al respecto.

En sendas cartas dirigidas al Consejo Nacional Electoral, a solo tres días de que venza el término legal para que esa entidad tome una decisión sobre la financiación de las campañas electorales en el 2014, la Fiscalía dice que concluyó “certeramente” que la empresa brasileña Odebrecht asumió costos de esas aspiraciones.

Foto: Fiscalía

El ente acusador dirige las cartas al presidente del CNE Alexánder Vega; a la magistrada Ángela Hernández Sandoval, encargada de la investigación sobre la campaña ‘Santos Presidente’, que terminó en la reelección de Juan Manuel Santos, en junio de 2014, y al magistrado Carlos Camargo Assis, investigador de la campaña ‘Mano firme, corazón grande’, cuyo candidato era Óscar Iván Zuluaga.

El objeto de estas comunicaciones, fechadas el 10 de julio, parecería ser pedirle al CNE que no deje vencer los términos para las investigaciones, sino que tome una decisión que haga responsables a las campañas de Santos y de Zuluaga.

Incluso, las cartas incluyen pruebas nuevas en ambos casos. Acerca de la campaña de Santos, la fiscal Amparo Cerón adjunta las 33 cartillas de encuestas pagadas por Odebrecht. Y sobre la de Zuluaga, el fiscal Juan Alberto Delgado entrega documentos aportados por la Procuraduría de Panamá, con los que muestra la forma en que fueron triangulados por empresas de ese país 1,6 millones de dólares que finalmente llegaron al publicista brasileño ‘Duda’ Mendonca.

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Además, las cartas incluyen una pormenorizada lista de todos los que llama materiales probatorios que se han enviado desde febrero de este año a los respectivos magistrados investigadores.

La Fiscalía insiste en que la motivación para enviar las cartas al CNE es “la premura de tiempo para la adopción de decisiones por parte de esa Corporación”.

En efecto, el próximo viernes 15 de julio se cumplirá el término legal para que las investigaciones conduzcan a alguna decisión del Consejo Electoral. El presidente Santos intentó renunciar a esa caducidad, petición que no fue aceptada por el CNE, al considerar que vulneraría los requerimientos legales.

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