Hay que abrir los ojos y olfatear dónde está el dinero sucio.

Este es el mensaje que los reguladores federales le enviaron a la industria de bienes raíces in Miami y en otros exclusivos mercados inmobiliarios del país.

El martes, el Departamento del Tesoro anunció que extendería y ampliaría una iniciativa temporal cuyo objetivo es detectar delincuentes que lavan dinero a través de bienes raíces. El decreto tiene como blanco secretas companías fraudulentas –corporaciones que no tienen que revelar quiénes son los verdaderos dueños– que compran casas lujosas. Los federales ya han renovado dos veces las reglas desde que las emitieron por primera vez en marzo de 2016.

En esta ocasión, sin embargo, hay una gran diferencia, y el cada vez más en problemas mercado inmobiliario de Miami es observado con mayor escrutinio.

Las reglas, que con anterioridad tenían un alcance tan limitado que solo abarcaban unos pocos cientos de transacciones, ahora comprenderán cada transacción de importancia en efectivo que haga cualquier compañía sospechosa en siete importantes mercados. Estos mercados se encuentran en los condados Miami-Dade, Broward y Palm Beach; los cinco distritos de Nueva York; San Antonio, Texas; Honolulu (incluido por primera vez); y áreas metropolitanas alrededor de San Francisco, Los Angeles y San Diego.

“Con esta medida se podrá recopilar mucha más información”, dijo Andrew Ittleman, abogado del sur de la Florida que se especializa en leyes en contra del lavado de dinero.

Ha habido gran especulación sobre si el gobierno del presidente Donald Trump, ex magnate de bienes raíces, eliminaría una iniciativa que se puso en marcha durante el gobierno de Obama. Sin embargo, las nuevas reglas indican que los funcionarios de Trump en el Tesoro quieren hurgar aun más profundo en el pantanoso mundo de los bienes raíces de lujo.

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A la larga, le costará más trabajo a todo el mundo –desde narcotraficantes hasta la realeza extranjera y políticos latinamericanos– ocultar de las autoridades sus compras de condominios y mansiones en Estados Unidos.

El decreto federal tiene lugar en un mal momento para la industria miamense de bienes raíces. El exceso de contrucciones y un número menor de acaudalados compradores extranjeros han dañado las ventas. El promedio de venta para condominios lujosos en Miami Beach cayó un 21 por ciento año tras año en el segundo trimestre del 2017, según un reporte de la firma de bienes raíces Douglas Elliman. Dos terceras partes de dichas compras se realizaron con dinero en efectivo.

Las reglas afectan en precios diferentes en función del mercado. En el sur de la Florida, se aplican a compañías fantasmas que compran casas valoradas en $1 millón o más con efectivo.

“Todo esto ayudará a un mercado que lleva mucho tiempo ignorando la gran cantidad de actividades delictivas que se llevan a cabo en el sector inmobiliario”, dijo Jack McCabe, analista de bienes raíces del sur de la Florida.

Sin embargo, Peter Zalewski, fundador de la compañía consejera de bienes raíces Cranespotters, cree que el gobierno se está moviendo con demasiada lentitud y no está yendo todo lo lejos que debería ir.

“Si usted cierra una venta por $10 millones y sale ganando $1 millión en el negocio, es una tajada bien grande”, dijo Zalewski. “Y todo ello sin el temor de que el gobierno va a intervenir con sus reglas porque no hay ninguna en vigor”.

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Mayor escrutinio del movimiento de dinero

¿Ladrar o morder? Los críticos han echado por tierra las primeras reglas leyes en contra del lavado de dinero que puso en vigor el Departamento del Tesoro –primero en Miami-Dade y en Manhattan el año pasado–, tras argumentar que son demasiado benignas.

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Esto sucede porque solo contemplan métodos menos comunes de pagos en efectivo como money orders y cheques personales. Sin embargo, las reglas más recientes incluyen transferencias mediante giros postales, que son intercambios electrónicos de dinero entre bancos. En la mayoría de las ventas de casas que no tienen que ver con préstamos bancarios, los compradores le envían el dinero a los vendedores a través de giros, de ahí que los reguladores dejaran de detectar una enorme cantidad de transacciones.

Hasta que entró en efecto una ley del Congreso a principios de este verano, la agencia del Tesoro detrás de la iniciativa, la Red en Contra de Delitos Financieros (FinCEN), no tenía la autoridad para monitorear las transferencias que se hacían.

John Tobon, que dirige un equipo de investigadores del Departamento de Seguridad Territorial en el sur de la Florida, dijo que el paso dado resulta crucial para que las autoridades sigan de cerca el movimiento electrónico del dinero. Luego de la primera orden, los agentes de Tobon observaron que los compradores de casas de inmediato respondieron con “contramedidas” para de este modo evitar los requerimientos que se exigían, dijo Tobon.

“Ahora, vamos a poder identificar a las companías e individuos de los que no teníamos ni la menor idea en el pasado”.

El FinCEN tiene puesta la mira en negocios de compras de casas en efectivo ya que es aquí donde hay más posibilidades de blanquear dinero. Las transacciones en efectivo por lo general no exigen gran papeleo bancario. Cuando los bancos otorgan hipotecas, se les exige que verifiquen el historial de los clientes, salvo el de profesionales en la industria de bienes raíces, aunque esto podría cambiar dentro de poco.

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elnuevoherald.com