La meta de sustituir voluntariamente 50.000 hectáreas de coca a través de los pactos con las familias que la siembran se debe concluir a finales de noviembre próximo, cuando 1.200 cultivadores de El Tambo, Cauca, le permitan a Naciones Unidas verificar el cumplimiento de ese compromiso.

Para ese mismo mes, la cifra de hectáreas de matas arrancadas por la Fuerza Pública rondará las 45.000. Hoy, en promedio, cada día se erradican forzadamente 150 hectáreas de narcocultivos, pero a partir de octubre, cuando entrarán a terreno más unidades, el promedio subirá a 160 hectáreas diarias.

Además, el nivel de resiembra está en menos del 10 por ciento, pues la labor desde tierra permite arrancar la mata de raíz. En los tiempos en los que se usaba la fumigación aérea, los cultivos volvían a aparecer en el 30 por ciento de las áreas asperjadas con glifosato.

Esas son las proyecciones que tiene el Gobierno colombiano para controvertir las críticas de autoridades de los Estados Unidos, empezando por el presidente Donald Trump, a la estrategia antinarcóticos y al mismo proceso de paz.

A corte del 10 de septiembre, por las dos estrategias –erradicación forzada y pactos con familias – se han destruido 37.000 hectáreas: 31.000 por intervención directa de la Fuerza Pública y otras seis mil por sustitución. A finales de este mes, Naciones Unidas debe haber verificado la destrucción voluntaria de otras 11.000 hectáreas de narcosiembras, correspondientes a los pactos firmados con 21.000 familias que vivían de la coca. Y entre octubre y noviembre deberán desaparecer la mayoría de cultivos en los municipios con más coca del país, salvo el enclave del Catatumbo.

Este jueves, tanto el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, como el del Posconflicto, Rafael Pardo, le dijeron a EL TIEMPO que la meta de 100.000 hectáreas destruidas este año “se va a alcanzar”. 

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Para el 2016, el sistema de monitoreo de Naciones Unidas (Simci) detectó 146.000 hectáreas, un 52 por ciento más que en 2015. Esa misma medición encontró 23.148 hectáreas de coca en Tumaco, Nariño, y 12.000 en San José del Guaviare.

Hoy, en Tumaco ya han sido destruidas 13.000 hectáreas y en el Guaviare van siete mil. En el 2016, en todo el país se arrancaron 17.593 hectáreas, que son menos de las erradicadas en tan solo esos dos puntos y menos de la mitad del consolidado nacional a septiembre.

El ministro Pardo confirmó que a la fecha se han firmado compromisos con 115.000 familias, que representan unas 89.000 hectáreas sembradas con matas de coca. Después de la entrega del capital semilla para empezar a sustituir, los campesinos tenían dos meses para entregar saneados sus predios, pero desde octubre ese plazo se reducirá a un mes. Por eso, a pesar de que la cifra de la sustitución va colgada frente a la de erradicación forzada, en los próximos tres meses incluso debe superar la meta planteada por el Gobierno.

Tras la verificación por parte de Naciones Unidas de que el suelo está libre de cultivos ilegales despegarán los procesos de titulación de baldíos y de proyectos productivos. A diferencia del pasado, la oferta del Gobierno esta vez es competitiva frente a lo que ganaba una familia por sembrar coca (en promedio, un millón de pesos al mes).

Así, además de garantizar ese ingreso mientras los proyectos son productivos, una familia puede recibir entre 16 y 25 millones más para poner a andar sus cultivos legales. Esa plata no se entregará en efectivo, sino en insumos y asesorías, para evitar repetir errores de los planes de sustitución del pasado.

“En Guaviare está funcionando bien el programa, pese a las disidencias de las Farc. Y en Nariño, a pesar del gran número de grupos al margen de la ley, hemos tenido grandes avances con las comunidades”, afirmó el funcionario.

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Pero esos buenos resultados están en veremos en el Catatumbo, el segundo enclave con más coca en el país después de Nariño. Allá había el año pasado 20.317 hectáreas de la mata, un crecimiento del 115 por ciento con respecto al 2015.

En esa zona no han entrado los nuevos equipos de erradicadores y varias comunidades siguen siendo hostiles a la sustitución voluntaria. Pero, además, hay presión de los grupos armados que siguen en la región –el Eln y la banda de ‘los Pelusos’ – para que continúen tanto las narcosiembras como la producción de cocaína. La frontera con Venezuela es otro factor que juega en contra.

‘Estamos seguros de que vamos a cumplir meta de sustitución’

“Colombia es sin lugar a dudas el país que más ha combatido las drogas y más éxitos ha tenido en este frente”. Esa fue la respuesta oficial de Colombia a las palabras del presidente Donald Trump sobre una eventual descertificación a la lucha colombiana contra el narcotráfico.

En un comunicado firmado por el general (r) Óscar Naranjo, vicepresidente de la República, el Gobierno ratificó su convicción de que la estrategia de erradicación desde tierra, en manos de las Fuerza Pública, y de sustitución voluntaria va a permitirle al país “acabar con los cultivos ilícitos”. El comunicado resalta que la lucha contra las drogas ilícitas requiere “corresponsabilidad”, y en ese sentido pide a Estados Unidos más esfuerzos para disminuir el consumo interno.

El ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo, le dijo a EL TIEMPO que, de cualquier manera, el escenario de crecimiento de los cultivos ilegales no ocurrirá, por lo que no hay que pensar en problemas con Washington.

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“Gracias al acuerdo de paz, las Farc no están oponiéndose a la sustitución, no están oponiéndose a la erradicación, sino que están de este lado y esa es una ventaja que no teníamos antes”.

El ministro, que es la cabeza de la estrategia de sustitución voluntaria, señaló que al principio la falta de confianza por parte de los campesinos dilató el proceso, pero que ahora que ven que el Gobierno cumple lo que les ha ofrecido, “las comunidades están llegando a pedir incluso la ayuda de la Fuerza Pública para erradicar más rápido, como sucedió en Briceño y Tarazá, Antioquia”. “Por eso estamos seguros de que vamos a cumplir con la meta fijada para este año”, aseguró.

Sobre el Catatumbo, afirmó que van a empezar los procesos de acercamiento con las comunidades.

En todo caso, el Gobierno se reserva la posibilidad de usar la erradicación forzada en puntos donde esa conciliación no sea posible o donde los grupos ilegales incentiven las narcosiembras.