Camilo Romero, actual gobernador de Nariño, y William Villamizar, el mandatario de Norte de Santander, serán llevados ante un juez por la Fiscalía para que respondan por cargos de corrupción.

El fiscal Néstor Humberto Martínez anunció que los dos gobernadores fueron citados al Tribunal de Bogotá por presuntas irregularidades en contratos durante sus administraciones. Con ellos, ya son cuatro los actuales mandatarios seccionales en líos con la justicia. 

El gobernador del Tolima, Óscar Barreto, enfrenta en libertad un proceso que ya está en juicio en la Corte Suprema de Justicia por supuestos convenios irregulares de cooperación 
y asistencia técnica internacional firmados entre el departamento y la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello cuando él era secretario departamental.

Y al gobernador de La Guajira, Wílmer González Brito, le imputaron los delitos de cohecho, falsedad en documento público, corrupción al sufragante y fraude procesal por irregularidades cometidas durante su campaña a la gobernación,
 en noviembre pasado. Fue quien sustituyó a Oneida Pinto, presa por malos contratos con el programa para reducir la mortalidad infantil en La Guajira.

Según la investigación de la Dirección Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, el gobernador Romero Galeano habría cometido irregularidades en el decreto expedido por su administración el 24 de agosto del año pasado, que fijó “la escala y precio de venta por parte del departamento de Nariño para el aguardiente Nariño tradicional y el aguardiente Nariño sin azúcar en sus diferentes presentaciones”.

Ese decreto permitió que 80.000 cajas del licor, con un costo de más de 10.000 millones de pesos, fueran compradas por la Organización de Licores de Nariño S. A. S. en un tiempo récord.
 Según el expediente, la actuación de la gobernación habría tenido como fin sacar del negocio al Consorcio Licosur, que venía comercializando el licor del departamento.

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Aunque la administración insiste en la legalidad del decreto, amparada en una ordenanza aprobada en el 2010 por la Asamblea que permite a la gobernación regular la venta de licor “de acuerdo a su conveniencia rentística”, la Fiscalía considera que hubo maniobras irregulares que incluso permitieron que particulares tuvieran información privilegiada.

El gobernador Romero Galeano tendrá que responder por cargos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y revelación de secreto.

Romero ha dicho que su actuación fue transparente y en su momento aseguró que esperaba que no hubiera “intereses políticos” detrás de la investigación.

Por su parte, al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, y al exgobernador Édgar Díaz Contreras les imputarán los delitos de peculado por apropiación y contrato sin requisitos legales.

Ellos son vinculados por la Fiscalía a presuntas irregularidades en el trámite, la adjudicación y la licitación de un contrato por más de 6.000 millones de pesos para el suministro de material pétreo, el cual habría generado detrimento patrimonial a las finanzas del departamento y “vulnerado los principios de contratación pública”.

El contrato, dice la Fiscalía, se habría diseñado específicamente para favorecer a un contratista que ya había logrado importantes negocios en las administraciones de Villamizar y Díaz. El Fiscal también anunció que imputará cargos contra las exgobernadoras del Quindío Sandra Paola Hurtado y Gloria Gutiérrez.