El exvicepresidente argentino Amado Boudou fue detenido este viernes en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, sumándose a una serie de procesamientos contra altos funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner y de la propia exmandataria por causas relacionadas con corrupción o fraude. 

El juez federal Ariel Lijo ordenó la detención de Boudou, quien fue vicepresidente del segundo gobierno de Kirchner, entre 2011 y 2015, tras haber sido ministro de Economía desde 2009 hasta 2011, alegando que aún tiene contactos para llegar a entorpecer la investigación iniciada en 2012.

Según la causa, hay unos 80.000 dólares sin justificar en su declaración jurada de 2002 e inconsistencias detectadas en los peritajes sobre 111 declaraciones patrimoniales entre 2002 y 2012. Otro punto cuestionado es la compra de un apartamento de 120.000 dólares por su exnovia Agustina Kõmpfer en 2010, adquirido supuestamente con un préstamo del hermano de Boudou que no estaría acreditado.

Lijo ordenó también la detención del socio, amigo y presunto testaferro de Boudou, José María Núñez Carmona, y citó a indagatoria a Kõmpfer y a Alejandro Vanderbroele, otro supuesto testaferro.

Los K, en la mira

“Me sorprende la orden de detención. Es una causa que lleva cinco años de trámite y estuvo a derecho”, declaró el abogado de Boudou, Eduardo Durañona, quien dijo no haber sido notificado de la decisión del juez. El abogado de Kampfer, Rafael Cúnero Libarona, coincidió en que “nadie esperaba la detención de Boudou” al entender que “no se da ninguna de las circunstancias” que prevé la detención preventiva en una causa penal.

La detención de Boudou se produce al día siguiente de que la justicia confirmó el procesamiento en una causa por asociación ilícita y fraude contra la expresidenta Kirchner, y a nueve días de otro resonante arresto, el del exministro Julio de Vido, quien estuvo a cargo de la obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015).

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Kirchner, que asumirá el próximo 10 de diciembre como senadora, está acusada de presuntamente otorgar obras valoradas en 2.000 millones de dólares a un solo empresario, el detenido Lázaro Báez.