Si algo les faltaba a los militares venezolanos para consolidar su poder sobre el Estado venezolano era el control de Petróleos de Venezuela (PDVSA), y, la tarde de este domingo, Nicolás Maduro se lo ha dado con el nombramiento del mayor general Manuel Quevedo como el nuevo presidente de la empresa estatal –y ministro de Petróleo– y la almiranta Maribel Parra como vicepresidenta.

De este modo, el mandatario optó por la receta militar que aplica la ‘revolución bolivariana’ ante cada ámbito de su administración que entra en crisis, y vaya que la industria petrolera atraviesa la más profunda de su historia reciente. También estiman algunos que es una extravagante concesión del oficialismo a los militares para apuntalar su alianza y blindar su permanencia en el poder.

En cualquier caso, el nombramiento de Quevedo arroja muchos interrogantes sobre su capacidad de manejar PDVSA, toda vez que su hoja de vida no exhibe un solo cargo o experiencia relacionada con la industria. Maduro, en cambio, alabó las credenciales del militar al frente de la Gran Misión Vivienda Venezuela y aseguró que bajo su conducción, este programa social avanzó en la construcción de casi dos millones de viviendas.

Las dudas toman mayor peso ahora, cuando la estatal petrolera atraviesa uno de sus peores momentos desde el punto de vista técnico, financiero y político. Como en una tormenta, en el último mes, PDVSA no solo ha sido declarada en ‘default parcial’ por haber incumplido los plazos para pagar los intereses de los bonos de la deuda, sino que el último informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) reveló que la producción de la empresa se encuentra en 1’863.000 barriles de petróleo diarios, el nivel más bajo de los últimos 28 años.

Este número da cuenta de una caída de 1,3 millones de barriles en los últimos siete años, justo cuando en 2017, el chavismo en el gobierno se había trazado la meta de alcanzar los cinco millones de barriles diarios. Según cifras oficiales de la estatal petrolera, desde diciembre del año pasado hasta este momento, la producción ha caído 170.000 barriles diarios.

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La caída en la producción, atizada por la falta de inversión en químicos e infraestructura para la refinación, ha llegado a niveles tan alarmantes que Venezuela se ha visto en la obligación de importar gasolina desde Estados Unidos para cubrir su demanda interna de combustible.

Desde el año pasado ha sido imposible para el oficialismo ocultar la tremenda corrupción dentro de la industria, y, solo durante los últimos dos meses, el fiscal nombrado por la Constituyente, Tarek William Saab, ha anunciado la detención de por lo menos 50 trabajadores de la estatal –entre ellos siete directivos– por haber firmado contratos lesivos para la nación hasta por 35.000 millones de dólares. También confirmó el desfalco, solo en la división de PDVSA Oriente, de 1.156 millones de dólares.

Corrupción

¿Cómo llegaron estos datos directamente desde PDVSA hasta la Fiscalía? ¿Acaso no fueron detectados antes por las auditorías y controles internos antes de consumarse? Las respuestas a estas preguntas generan dudas sobre si la corrupción pudo evitarse a tiempo y si a estas alturas, sus denuncias responden a fracturas dentro del oficialismo.

Los últimos en caer en este entramado de acusaciones fueron los directivos en pleno de Citgo, filial de PDVSA con sede en Estados Unidos. Según el propio Maduro, los seis principales directivos de esa empresa firmaron contratos irregulares, sin aval de su despacho, por el orden de los 4.000 millones de dólares. La dimensión de estos números, que apenas comienzan a revelarse, levantan todo tipo de temores sobre la extensión de la corrupción en PDVSA.

El fiscal Saab no oculta la intención de desprestigiar a la fiscal Luisa Ortega Díaz –quien se distanció del oficialismo en las protestas de este año– asegurando que esta, al no denunciar la corrupción en la industria, no hizo correctamente su trabajo. Sin embargo, el nombramiento de estos militares también desplaza a las figuras de Eulogio del Pino y Nelson Martínez, exministro de Petróleo y presidente de PDVSA, respectivamente, técnicos que trabajaron con Rafael Ramírez, quien fue ministro de Energía y Petróleo durante 12 años, en plena gestión del presidente Hugo Chávez.

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A este panorama debe añadirse el estado agónico de las refinerías del país, entre las que destaca Amuay, que en la actualidad opera al 60 por ciento de su capacidad, procesando unos 370.000 barriles diarios de los 620.000 para los que estaba capacitada antes de la explosión ocurrida el 25 de agosto de 2012.

En Amuay también ocurrió hace dos semanas un derrame de 200.000 barriles –según datos ofrecidos por los sindicalistas de la industria– almacenados en tanques abiertos que se desbordaron como consecuencia de las fuertes lluvias.

Si el mayor general Quevedo podrá encauzar a PDVSA en la senda de la productividad está por verse, pero mientras tanto su nombramiento significa que por lo menos 13 de los principales ministerios y entes del Estado se encuentran en manos de funcionarios militares, quienes son los que realmente parecen conducir el destino de Venezuela.

Nuevo grupo asesor para las negociaciones en R. Dominicana

La oposición venezolana conformó este lunes un grupo asesor para las negociaciones que emprenderá con el gobierno el próximo viernes en República Dominicana, donde buscará garantías para las elecciones presidenciales de 2018 y salidas a la crisis socioeconómica. 

Una docena de empresarios, economistas y activistas de derechos humanos integran la comisión que acompañará en Santo Domingo a nueve delegados de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

“Elecciones transparentes”, liberación de “presos políticos”, restitución de funciones al Parlamento –de mayoría opositora– y un “canal humanitario” para el ingreso de alimentos y medicinas, en grave escasez, conforman la agenda de la MUD, según un comunicado. “Estamos conscientes de que vamos a una negociación con un gobierno sin ninguna credibilidad”, precisa el texto leído por el empresario Jorge Roig, del equipo asesor.

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El presidente Nicolás Maduro ha dicho que su principal exigencia en la mesa de diálogos será que los comicios presidenciales se desarrollen con “garantías económicas”. Maduro plantea que la oposición interceda ante Estados Unidos para que levante las sanciones impuestas en agosto, que impiden a ciudadanos y entidades de ese país negociar nueva deuda pública de Venezuela y su petrolera estatal PDVSA.

Por su parte, el oficialismo planteará además el reconocimiento de la Asamblea Constituyente que rige al país como un suprapoder desde agosto pasado, y que es desconocida por la oposición y varios países, según el negociador oficialista Jorge Rodríguez.