Mientras la atención del país se concentra en la crítica situación de Tumaco, Nariño, en el Chocó, más de mil kilómetros al norte por las mismas selvas de la costa Pacífica, se está incubando una crisis humanitaria de proporciones incluso superiores.

En ese departamento, según denuncias de los habitantes, al menos tres frentes del Eln – ‘Che Guevara’, ‘Boche’ y ‘Cimarrones’– han seguido realizando acciones de expansión territorial y ataques contra la población civil a pesar del cese bilateral del fuego y hostilidades que supuestamente rige desde el 1 de octubre pasado.

La situación es tan crítica que la Fiscalía le entregará al Gobierno en los próximos días un informe detallado de los ataques contra civiles, especialmente contra las comunidades indígenas, que habitan zonas que antes ocupaban las Farc y a las que el Eln empezó a llegar tras la desmovilización de la guerrilla de Timochenko.

De hecho, el caso del gobernador indígena Aulio Isarama Forastero, secuestrado el pasado 24 de octubre y asesinado en estado de indefensión, tiene como trasfondo las denuncias públicas que ese líder de la etnia emberá venía haciendo sobre el reclutamiento de indígenas, muchos de ellos menores de edad.

Ese crimen fue cometido por el frente ‘Cimarrones’ del Eln, que inicialmente lo presentó como una muerte accidental cuando el gobernador intentó desarmar a uno de sus captores después de haber sido ‘detenido’ porque supuestamente entregaba información al Ejército. Medicina Legal confirmó, por el contrario, que le dispararon por la espalda y a quemarropa.

No fue el único ataque contra el gobernador y su familia. Autoridades de la Asociación Orewa, Fedeorewa, Crich y Woundeko denuncian que el profesor Jhon Eriberto Isarama Forastero, primo del líder indígena, está secuestrado desde el 7 de octubre por el mismo frente, sin que hasta hoy haya noticias de su situación. Él también venía denunciando el reclutamiento forzado implementado por el Eln.

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La grave situación de orden público en Chocó será abordada en la primera actuación oficial de la nueva Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de organizaciones criminales, surgida de la negociación de paz con las Farc y que es liderada por Martha Yaneth Mancera. La Fiscalía, de hecho, judicializará a varios jefes del frente por esas violaciones al DIH.

Uno de los mayores factores de desestabilización actual en el Chocó es el Eln, con ocasión de la salida de las Farc de esos territorios –le dijo a este diario el fiscal Néstor Humberto Martínez– (…). La Fiscalía avanza en líneas de investigación que dan cuenta de desplazamiento forzado y reclutamiento de menores que están afectando a las comunidades indígenas, principalmente”.

¿Qué está pasando en ese departamento? Líderes locales y autoridades tienen información de al menos 160 casos de reclutamiento. Hace 20 días, un niño emberá de apenas 13 años se entregó ante una patrulla militar en la zona de Yucal, corregimiento del municipio de Alto Baudó, y entregó un fusil. Aseguró que llevaba varios meses con el Eln y que se lo habían llevado de su resguardo junto con otros muchachos.

En abril de este año, la Armada rescató a dos indígenas, una niña de 13 años y un joven de 16, quienes denunciaron haber sido reclutados a la fuerza por el ‘Cimarrón’. Esa era la misma estructura criminal que mantuvo secuestrados a los hermanos Patrocinio y Odín Sánchez Montes de Oca.

Autoridades religiosas en la región confirman esas denuncias. El asesinato del gobernador y el miedo a que se lleven a sus hijos forzó un desplazamiento masivo de los resguardo de Catrú, Dubasa y Ancosó, que según la Organización de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (Ocha) alcanzó 1.142 personas de 248 familias.

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Un líder emberá que pidió reserva de su nombre afirmó que “el reclutamiento de niños, niñas y jóvenes se volvió una constante” en los últimos meses. Y en medio de los enfrentamientos con el Eln, el ‘clan Úsuga’ ha incrementado también esa práctica criminal.

‘Uriel’, jefe del frente ‘Cimarrones’, ha sido señalado en varias denuncias. El último reporte tiene que ver con una serie de citaciones a líderes sociales y comunidades de Chocó que supuestamente se realizará el 12 de diciembre en un corregimiento de Medio San Juan.

“La Gobernación de Chocó rechaza ese tipo de citaciones y actividades de la guerrilla, porque en medio de un cese del fuego ellos andan armados y esa es una forma de intimidar a la población. Además puede generar retaliaciones del otro grupo armado que opera en la zona”, dice Modesto Serna, gestor de paz del departamento.

Pese a la desmovilización de las Farc y a la declaración del cese del fuego, los habitantes de la mayoría de municipios chocoanos no han sentido mejoría en su seguridad. En varios de ellos, dicen las estadísticas de la Fiscalía, hay un marcado incremento en la violencia.

En Unguía, por ejemplo, el año pasado se registró un asesinato y en lo corrido del año ya van 11. Lo mismo sucede en Riosucio, en donde según cifras del ente acusador, las muertes violentas pasaron de 4 a 11. En Carmen del Darién se pasó de cero muertes violentas a 5 este año, y en Condoto, de 1 a 4. Todos están en corredores del narcotráfico que se pelean los ‘elenos’ y la banda de ‘los Úsuga’. Fuentes de organismos humanitarios que se mueven por la zona dan cuenta de que en San José del Palmar, donde operaban las Farc y ahora hace presencia el frente ‘Ernesto Che Guevara’ del Eln, hay asesinatos selectivos, siembra de minas antipersona y prácticas de control social sobre comunidades y funcionarios.

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En noviembre, en pleno casco urbano de San José hubo cinco homicidios. Aunque no hay aún decisiones judiciales, todas las autoridades coinciden en que el único actor armado con presencia en la zona es el Eln. 

Las comunidades piden el refuerzo del pie de fuerza del Ejército y la Policía. “La población no siente los beneficios del cese bilateral. Existe la percepción de que por esa tregua el Ejército disminuyó presencia en las zonas rurales, por lo que hay miedo generalizado. Lejos de calmarse, la situación tiende a empeorar”, aseguró una fuente.

El general Mauricio Moreno, comandante de la Fuerza de Tarea Titán, aseguró que el Ejército y la Armada siguen desplegados por todo el departamento y que toda situación la están documentando y entregando a la Fiscalía y la Policía para adelantar los procesos, así como a la Misión de Verificación.

“Hemos tenido informaciones de reclutamiento y se han recuperado menores de edad”, señaló el general.